SER PROSTITUTA EN COLOMBIA, SERIA REGULADO COMO UN “MODUS VIVENDI” LEGAL.

SER PROSTITUTA EN COLOMBIA, SERIA REGULADO COMO UN “MODUS VIVENDI” LEGAL. UN PROYECTO DE LEY FUE RADICADO Y HACE TRANSITO EN EL CONGRESO.

Entiende el trabajo sexual como actividad laboral y propone que se les dé estatus de “trabajadoras” a quienes ejercen la prostitución, que tengan contrato laboral, seguridad social y demás derechos laborales.

El periódico El Espectador digital, publicó Este martes,  detalles  donde se radicó un proyecto de ley para regular el trabajo sexual en Colombia. La Asociación Sindical de Trabajadores Sexuales (Astrasex), el primer sindicato que agrupa todas las modalidades del trabajo sexual, participó en la elaboración de la iniciativa. Un nuevo proyecto de ley está siendo radicado en el Congreso de la República con el objetivo de regular el trabajo sexual como una actividad laboral en Colombia, lo que implica hablar de contratos y derechos laborales, seguridad social y reglas para quienes ejercen la prostitución y sus “clientes”. La discusión será álgida, pues históricamente el Legislativo nunca ha querido abordar el tema, que tiene además dos posturas opuestas: una que aboga por su regulación y otra que pide su abolición, y en ambas se encuentran argumentos relacionados con los derechos humanos.

El evento de radicación inició con una discusión en la entrada con varias mujeres pertenecientes a Astrasex, el sindicato de trabajo sexual en Colombia, pues el personal de seguridad les impedía el ingreso a las instalaciones del Congreso por un cartel que decía “Estamos putas”. Las activistas expresaron su molestia y la situación tuvo que ser mediada por la congresista Sandra Ramírez, una de las autoras del proyecto.

La iniciativa legislativa, impulsada por la bancada de los Comunes, define el trabajo sexual como “cualquier actividad sexual remunerada que se realiza entre dos o más personas mayores de 18 años, de forma voluntaria, libre y sin coerción y en plena facultad de sus capacidades”. En ese sentido, considera que en este concepto no están comprendidos los delitos de explotación sexual, como la inducción a la prostitución, el turismo sexual, la pornografía con menores y la trata de personas. Los “clientes” del trabajo sexual también son entendidos como personas mayores de edad que pagan por los servicios sexuales. Y en ese vínculo, afirman, es clave el consentimiento, que es la manifestación de la voluntad, que no es absoluta y podrá ser retirada en cualquier momento.

Las modalidades del trabajo sexual que propone el proyecto de ley son: trabajo sexual en espacios públicos, modelaje webcam, creación de contenido, pornografía, intercambio de servicios sexuales dentro de un establecimiento comercial, scort o persona de compañía y baile erótico.

La bancada del partido Comunes impulsa la iniciativa legislativa, que también fue consultada con organizaciones como el sindicato de trabajadoras sexuales Astrasex.

El eje central de la iniciativa, sin embargo, es el punto de partida en cualquier relación laboral: el contrato. Asegura que toda persona que ejerza el trabajo sexual tendrá derecho a un contrato a término indefinido con todas las prestaciones y obligaciones de ley; y que no podrán celebrarse contratos de prestación de servicios, contratos civiles o mercantiles.

Lo anterior implica que las personas que ejercen el trabajo sexual tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador en el país, lo que incluye los derechos a la seguridad social, una remuneración justa, a trabajar en un ambiente seguro y saludable, y a formar asociaciones o sindicatos. Por ejemplo, tendrían derecho a vacaciones, licencias de maternidad y paternidad, licencias por luto, primas de servicios, día de la familia y cajas de compensación familiar. Además, implica que ninguna persona podría percibir menos de un salario mínimo legal vigente.

Sobre los planes de salud, la iniciativa legislativa plantea que sea el Ministerio de Salud, en coordinación con las organizaciones de personas que ejercen la prostitución, el encargado de diseñar y reglamentar para atender los requerimientos específicos en salud mental y física. De igual manera, se deberán contemplar los riesgos laborales.

Otro capítulo del articulado está dedicado a los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual, tales como clubes, centros de entretenimiento, burdeles, casas de lenocinio y citas, whiskerías, discotecas, y “demás establecimientos donde se presten servicios sexuales conexos, cualquiera que sea su denominación”. Sobre estos, se dice que no podrán considerarse como espacios ilegales y que tienen derecho a la propiedad y a la gestión de su negocio.

A su vez, se les impone 27 deberes, entre los que se encuentran registrarse en el Ministerio de Trabajo como un lugar donde se ejerce el trabajo sexual; no podrán revelar al público los datos de identificación de las personas que trabajan en su establecimiento; implementar programas de salud ocupacional dirigidos a sus empleados; no podrán imponer jornadas laborales superiores a ocho horas por día; proveer de forma gratuita el condón masculino y/o femenino; tratar dignamente a las personas que ejercen el trabajo sexual; entre otros.

Por su parte, a los “clientes” se les imponen deberes como realizarse controles médicos periódicos de infecciones de transmisión sexual; usar siempre condón; no insinuar, presionar u obligar a consumir cualquier tipo de sustancias psicoactivas o psicotrópicas; tratar dignamente a las personas que prestan servicios sexuales; y abstenerse de contratar la prestación de servicios sexuales con menores de edad y con personas que se encuentren en situación de explotación sexual; no realizar ni permitir ningún acto de violencia o maltrato; cancelar los valores pactados por la prestación de los servicios sexuales; entre otros.

Sumado a esto, se abordan otros temas como el del derecho a la supresión del contenido en línea, para prevenir la violencia digital; y los derechos laborales de las personas migrantes que ejercen el trabajo sexual. “El estatus migratorio no será una barrera para el reconocimiento de los derechos laborales y de seguridad social. Todos los trabajadores y trabajadoras extranjeros, sin importar su situación migratoria en el país, tendrán acceso a las mismas garantías laborales otorgadas a los ciudadanos nacionales, excepto las limitaciones establecidas por la Constitución o la ley”, concluye el proyecto de ley, que fue elaborado tras consultar a distintas organizaciones de personas en prostitución, entre ellas Astrasex, el sindicato de trabajo sexual en Colombia.

Los autores del proyecto aseguran que este articulado va alineado con lo que dispuso en Colombia la Corte Constitucional, que considera la prostitución como trabajo sexual y exhortó hace años al Ministerio de Trabajo para que lo regule como un trabajo, pues las personas son autónomas de decidir qué hace con sus cuerpos.

Contrario a esto, están los argumentos de la postura abolicionista de la prostitución. Por ejemplo, María Fernanda Arboleda, de la organización Petra Mujeres Valientes, y quien se enuncia desde la postura abolicionista, ha explicado a este diario que una propuesta regulacionista es cuestionable, porque las personas en prostitución no tienen garantizados sus derechos humanos, ni sus proyectos de vida, para poder tomar decisiones conscientes.

En su opinión, es un sinsentido hablar de regular la prostitución en Colombia y no es posible diferenciar una prostitución consentida de una que involucra delitos sexuales. “Cuando unas cuantas se prostituyen y lo aceptan, por libre albedrío, eso motiva a que el patriarcado a acceder los cuerpos de las mujeres por unos cuantos pesos. Cuando se legaliza, el Estado legaliza una esclavitud y una explotación y violencia sexual, a partir de esas cuantas. Ellas dicen que quieren estar ahí, ¿pero tienen las garantías para salir cuando ya no quieren estar ahí? Otro grupo de mujeres no tiene esas garantías, sus cuerpos siguen siendo violentados. Cuando un hombre accede a un cuerpo, lo está comprando, lo está comercializando y eso está prohibido por la normativa”, aseguró al Periodico El Espectador. Arboleda en una entrevista con Las Igualadas.

CÁRCEL PARA MUJER QUE HABRÍA ENGAÑADO A UNA JOVEN EXTRANJERA PARA SECUESTRARLE A LA HIJA DE 25 DÍAS DE NACIDA

Los elementos de prueba dan cuenta de que la madre creyó en un supuesto programa de ayuda y asistencia a la mujer gestante, y confió el cuidado momentáneo de la bebé. Esta situación, al parecer, fue aprovechada por la hoy procesada para llevarse a la niña. Sandra Yesenia Colmenares, presuntamente, la interceptó, le ofreció ayuda económica y supuesto bono para las gestantes. Seis días después, la joven recibió una llamada y fue citada al sector Salitre. En el encuentro, la mujer le indicó que para acceder a los aparentes beneficios necesitaba una fotocopia de la cédula, por lo que la madre le dejó a cargo a la niña, mientras buscaba el documento. Ese momento habría sido aprovechado por Sandra Yesenia Colmenares para llevarse a la bebé. La captura se produjo en flagrancia. Según datos de la fiscalía esta banda apora en Cartagena, Barranquilla y Bogotá.

POLICIA NACIONAL DECOMISA UN  CONTENEDOR CON  143 KILOS DE COCAÍNA CON DESTINO A EUROPA DESDE EN EL PUERTO MARÍTIMO DE CARTAGENA

Uniformados adscritos a la Dirección Antinarcóticos que ejercen los controles en las terminales marítimas del país, lograron en el puerto de la ciudad de Cartagena la incautación de 143 kilos de clorhidrato de cocaína, droga que estaba oculta en una cavidad ubicada en el piso de un contendor con mercancía tipo exportación listo para zarpar hacia Europa. 

La inspección se desarrolló cuando uniformados detectan anomalías en los sellos de un contenedor que estaba con destino hacia el país de Bélgica con mercancía tipo exportación (harina de trigo), inmediatamente se procede al ingreso de dicho contenedor para verificar y observar que todo esté bien, pero a simple vista todo parecía normal, hasta que uno de los uniformados a través del escáner observa unas imágenes rectangulares de color amarillo en el piso del contenedor, al ver esto se procede a realizar la perforación con un taladro en el área que presentaba alteraciones y al extraer la broca, se hallaron 480 paquetes rectangulares con la sustancia pulverulenta de color blanco, que al realizar la prueba pericial de campo utilizando el reactivo “narcotex”, arrojó positivo para cocaína con un peso de 143 kilos y avaluados en 6.4 millones de dolares

‘ETNOEMPRENDE’, UN NUEVO IMPULSO DEL PES- PEDRO ROMERO PARA 389 EMPRENDEDORES ÉTNICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

389 emprendedores en situación de pobreza extrema, pertenecientes a comunidades indígenas, palenqueras y afrodescendientes del Distrito de Cartagena, recibirán capital semilla para impulsar sus negocios y serán formados con la intención de proyectar sus ideas de negocios. Lo que se busca es fortalecer, técnica y financieramente, unidades productivas de micro emprendedores étnicos, a través de capacitaciones y entrega de activos fijos por un monto de $3.000.000 de pesos, para la dotación de dichas unidades productivas, según sus necesidades.