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LA INASISTENCIA ALIMENTARIA PODRÍA DESAPARECER, EN LA REFORMA A LA JUSTICIA QUE FUE PRESENTADA AL CONGRESO. PARA ALGUNAS VOCES, LA EXISTENCIA DE ESTE DELITO ES EFECTIVA PARA PRESIONAR A LAS PERSONAS QUE INCUMPLEN SU OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS. PARA EL GOBIERNO, ES INEFICAZ Y ES UN CONFLICTO QUE DEBERÍA RESOLVERSE EN CONCILIACIONES O ANTE JUECES DE FAMILIA.
El periódico digital El Espectador, manifestó en su entrega del martes, que El Gobierno quiere que la inasistencia alimentaria deje de ser un delito y que este problema familiar lo resuelvan jueces de familia, no la cárcel. Así lo dejó expreso en la reforma al Código Penal que radicó esta semana el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el Congreso. Los argumentos del Ejecutivo incluyen que este delito congestiona el sistema penal, que un proceso así desgasta las relaciones familiares y que, enviar a prisión a un deudor no tiene sentido porque hace aún más imposible que responda por sus obligaciones. Pero esta posición tiene sus matices, según expertas consultadas y estudios sobre el tema.
En muchos casos, una denuncia ante la Fiscalía, con la amenaza de que se puede terminar en la cárcel, puede ser efectivo para que un padre que no está aportando su cuota de alimentos comience a hacerlo.
Como está escrito actualmente en el Código Penal, el delito de inasistencia alimentaria castiga con hasta 54 meses de cárcel a quien incumpla la obligación de dar la cuota de alimentos a sus padres, pareja o hijos. Y hasta 72 meses de pena si la víctima es menor de edad. Incluso hay agravantes si los investigados intentan esconder sus bienes para no responder y hasta se puede ser condenado varias veces si la conducta se reitera a lo largo del tiempo.
El Gobierno considera que este problema deben solucionarlo jueces civiles o de familia. “En especial, cuando el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se comete contra un menor, pues este escenario requiere una mirada diferenciada desde la infancia y la adolescencia”. Según cifras de la Fiscalía, en 2021 se interpusieron 41.846 denuncias por este delito y en 2020, fueron 30.203. Más 24.750 que se habían interpuesto hasta mediados de 2022, suman casi 100.000 registros en el sistema penal.
LA CORTE SUPREMA RATIFICÓ LA ORDEN DE CAPTURA CONTRA EL EXMAGISTRADO DEL CARTEL DE LA TOGA, JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS RAMIREZ, AL TIEMPO QUE RECHAZÓ UN RECURSO RADICADO POR SU DEFENSA CONTRA LA DECISIÓN DE PRIVARLO DE LA LIBERTAD.–
Bustos Ramirez, quien compartió sala con los exmagistrados Cartagenero Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, es procesado por torcer procesos que cursaban en la corte suprema de justicia contra los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, actividad por la cual recibió 200 millones de pesos y un reloj Cartier Ballón Bleu avaluado en 42 millones de pesos. Bustos Ramirez, está prófugo de la justicia y se encuentra en Canadá.–
LA PROCURADURÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA ÉRIKA IVETH COSSÍO MORENO, EXGERENTE DEL HOSPITAL DE BARRANCO DE LOBA, TRAS RECIBIR DENUNCIAS SOBRE PRESUNTO USO FRAUDULENTO DE IDENTIDAD Y CONTRATACIÓN FICTICIA DE MÉDICOS.–
El proceso se inició gracias a que el médico Luis Alberto Ramos Ávila, descubrió que en la mencionada entidad se habría utilizado su nombre, falsificando su firma y otros documentos para celebrar y pagar 8 contratos de prestación de servicios entre los años 2017 y 2019 por un valor de 95 millones de pesos. Tras conocer la denuncia y el sustento probatorio allegado en ella la procuraduría ordenó abrir investigación contra la funcionaria en mención.–
LUEGO DE VALORAR PRUEBAS Y ARGUMENTOS PRESENTADOS EN JUICIO ORAL POR LA FISCALÍA, FUE EMITIDO SENTIDO DE FALLO CONDENATORIO CONTRA CAMILO HUMBERTO TARQUINO GALLEGO, MAGISTRADO QUE HIZO PARTE DEL ENTRAMADO CRIMINAL DEL CARTEL DE LA TOGA.–
Al procesado lo enjuiciaron por exigir plata para evitar decisiones en contra de altos aforados investigados por hechos de corrupción. También se reunió con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus para pedirle 60 millones a cambio de exonerarlo de algunos procesos de corrupción. Tarquino Gallego, será condenado por concusion contra interviniente y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública en calidad de autor.–
LOS ABOGADOS LITIGANTES HARÁN NUEVAS PROTESTA EN LAS SEDES DE LA FISCALÍA EN CRESPO Y CANAPOTE.–
Advierten que se les acabó la paciencia y exigen que vuelva la presencialidad en los juzgados y demás despachos judiciales de Cartagena, pues no saben que hacer para que sus procesos caminen y que no haya más dilación por culpa de la virtualidad.–
Los litigantes aseguran que la semana entrante se tomarán varios despachos para exigir a jueces y fiscales despachar presencialmente.– A la jornada deben asistir más de cincuenta abogados, según se dijo a Chambacu Noticia.–
