LAS RECLUSAS DE SAN DIEGO, no aplicaron en la medida de sustitución temporal por domiciliaria.

La directora de la Cárcel Distrital de Mujeres, Mercedes García Escallón, se pronunció ante la Procuraduría Provincial, debido a la imposibilidad de materializar la medida de sustitución temporal de prisión domiciliaria transitoria en el lugar de residencia para las mujeres privadas de libertad que se encuentran en mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, tal como lo establece el decreto 546 del 14 de abril del 2020.

Esta situación obedece, a que si bien en el penal hay internas que cumplen con los numerales a y c del artículo 2 del decreto 546: mujeres con 60 años de edad, y mujeres con diagnósticos médicos descritos, estas serían excluidas de la medida debido a la naturaleza de los delitos por los cuales están sindicadas, como lo contempla el artículo 6 del mencionado decreto.
Esto impide que se cumpla con el objeto del decreto: la prevención y la mitigación del riesgo de propagación de la COVID-19 en población de riesgo, como lo son las adultas mayores y personas con enfermedades que generen mayor riesgo de mortalidad ante una eventual infección.

“Teniendo en cuenta que estamos ante una pandemia, cuyos efectos e impactos son de orden mundial, ningún grupo poblacional está exento de contagio y preocupan las personas privadas de libertad que sean mayores de 60 años y que presenten afecciones subyacentes, y es lamentable que por la naturaleza de las conductas punibles por las cuales se encuentran privadas de libertad en calidad de sindicadas, no estén incluidas en la medida domiciliaria transitoria ordenadas en el decreto 546 del 2020”, puntualizó García Escallón.
En consecuencia, la Directora de la Cárcel de Mujeres puso en conocimiento de esta situación a la Procuraduría Provincial, entendiendo que por las características de la pandemia, podría ser cuestión de tiempo que la COVID-19 llegue al establecimiento penitenciario.
“Lamentamos profundamente los casos reportados en los establecimientos carcelarios del país. Esta es una realidad que no se puede negar, aun cuando tenemos identificada a la población en riesgo y hemos creado un protocolo de actuación de alistamiento y prevención de la COVID-19 en el penal, de acuerdo a las orientaciones y lineamientos del Ministerio de Salud y del INPEC”, agregó la Directora del centro carcelario.

Así mismo, García Escallón, agrega que: “De manera coordinada con la Defensoría del Pueblo se han realizado las acciones pertinentes para las posibles medidas de sustitución si hubiera lugar a ellas”. La funcionaria hace un llamado a los abogados de confianza para que, en este momento de pandemia, se dé celeridad a estas medidas en procura de facilitar la libertad por vencimiento de términos o sustituciones de las medidas de aseguramiento.