DESDE DICIEMBRE 2025, AUSTRALIA PROHIBE EL USO DE REDES SOCIALES, POR “EFECTOS NEGATIVOS”, EN MENORES DE 16 AÑOS, CON EL FIN DE REFORZAR LA PROTECCIÓN DIGITAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
A partir de diciembre de 2025, Australia se convertirá en uno de los primeros países del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida, que ha generado un amplio debate, forma parte de una normativa impulsada por el gobierno australiano con el fin de reforzar la protección digital de niños y adolescentes. De acuerdo con la nueva legislación, plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y Facebook deberán aplicar mecanismos de verificación de edad mucho más estrictos. Esto implica que los jóvenes que aún no cumplan 16 años no podrán registrarse ni mantener cuentas activas en dichas redes, lo que representa un cambio significativo frente a las políticas de otros países, donde el límite mínimo suele establecerse en los 13 años.
El gobierno, encabezado por la ministra de Comunicaciones Anika Wells, sostiene que la decisión responde a una creciente preocupación por los “efectos negativos” del consumo descontrolado de contenido digital en adolescentes. Wells afirmó que la normativa se implementa “en nombre de los padres, quienes desean y merecen una mayor protección para sus hijos en línea”. Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el papel de YouTube. Según cifras oficiales, el 40% de los menores en Australia ha estado expuesto a contenido dañino en esta plataforma, lo que la convierte en la red con mayor incidencia de riesgos para niños y adolescentes. Este dato, sumado al incremento de reportes sobre presión social, problemas de salud mental y acoso digital, fue clave para endurecer la normativa.
El anuncio no ha estado exento de polémica. Las grandes compañías tecnológicas han manifestado su inconformidad y han amenazado con acciones legales, alegando que la ley podría vulnerar derechos digitales y restringir libertades. Sin embargo, Wells ha sido enfática en señalar que el gobierno no cederá ante presiones y que el bienestar de los jóvenes está por encima de los intereses de las corporaciones tecnológicas. Con esta decisión, Australia marca un precedente en la regulación del acceso a redes sociales.
EL DISTRITO GARANTIZA CARNETIZACIÓN Y CAPACITACIONES EN ATENCIÓN AL CLIENTE PARA TAXISTAS EN CARTAGENA
En un encuentro entre la Alcaldía de Cartagena y el gremio de conductores de taxis del Aeropuerto Rafael Núñez, el alcalde Dumek Turbay les confirmó que alistan un decreto para iniciar un proceso de caracterización y carnetización, en aras de dignificar su actividad económica y la ejerzan sin inconvenientes. El mandatario explicó que la decisión responde al compromiso de la administración con la movilidad, la formalización del trabajo y la prestación de un mejor servicio para los usuarios y visitantes de la ciudad. La Alcaldía trabajará de manera articulada con el SENA en un programa de certificación de competencias, inicialmente con 100 cupos, que permitirá fortalecer las capacidades de los conductores y garantizar un servicio de calidad en uno de los puntos más importantes de llegada de visitantes a Cartagena.
PRESUNTO RESPONSABLE DE CAUSAR LA MUERTE DE UN DOCENTE EN SAN JACINTO ES CONDENADO A 36 AÑOS DE PRISIÓN
El material probatorio recaudado por un fiscal de la Seccional Bolívar permitió que un juez de conocimiento de Cartagena condenara a 36 años de prisión a Jorge Enrique Arnedo Julio, responsable de asesinar al rector de un colegio en el municipio de San Jacinto. Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2024 en la residencia de la víctima, en el barrio Centro, donde el cuerpo del docente fue hallado atado de pies y manos. El dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que su deceso se produjo por asfixia. La Fiscalía demostró que el condenado fue el autor material del crimen y quien hurtó las joyas que estaban en el lugar, además de un computador y otros artículos avaluados en cerca de 20 millones de pesos. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron al agresor en una diligencia de allanamiento realizada en mayo de 2024, en una vivienda de un conjunto residencial de Cartagena. El procesado se encuentra recluido en un centro carcelario por los delitos de homicidio y hurto, ambas conductas agravadas. Esta decisión fue apelada por la defensa del sentenciado.
